Este escrito realizado por Ignacio Trillo, ex delegado provincial de Medio Ambiente y publicado en su blog, el día 8 de septiembre de 2011. Fue escrito y publicado antes de las detenciones en Ronda, del exalcalde Antonio Marín Lara, (Toti), la que fuese concejal de Obras Mª José Martín Haro, el exdelegado de Seguridad Rafael Lara yFrancisco Cañestro, ex primer teniente de alcalde y diputado provincial dejan todos sus cargos…
El Diario “Málaga Hoy”, en su edición del viernes, 2 de septiembre 2011, publicó la siguiente noticia donde se me cita: http://www.malagahoy.es/article/provincia/1055344/la/junta/revisa/su/informe/sobre/los/merinos/tras/una/peticion/ex/delegado.html
ANTECEDENTES
En febrero del 2006, el alcalde, por el Partido Andalucista (PA), de Ronda, Antonio María Marín Lara, “el Toti”, aprobó mediante decreto de su alcaldía (“para que no tuviera que ser discutido en el Pleno municipal ni su aprobación publicada en ningún boletín oficial”, según comunicó la prensa, a la vez que manifestó, en contra de la realidad, que tenía “el informe favorable de la Junta de Andalucía”) el proyecto de macrourbanización “Merinos Norte”. Se cifró en 15 millones de euros lo que ingresarían las arcas municipales.
Se trataba de desarrollar urbanísticamente unos suelos no programados en la finca “Merinos Norte”, que se contenían en el PGOU que fuera acordado por el entonces gobierno municipal del PSOE de la citada ciudad del Tajo; Plan, que aprobaría la Junta en 1994, no la programación y el proyecto de urbanización en estos terrenos.
El nuevo proyecto de urbanización “Merinos Norte” que aprobó el alcalde del PA, planteado a doce kilómetros del casco de la población, se fraguaba sobre ocho millones de metros cuadrados en una zona del municipio rica en flora y fauna, colindante a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.
Incluso tres años antes de la aprobación municipal, ya se procedió impunemente, por la empresa promotora, a cortar y trasplantar, en fechas inapropiadas y con el empleo de técnicas inadecuadas, numerosos ejemplares de encinas centenarias que acabaron desapareciendo o secándose, y que incidieron negativamente de igual forma sobre las diversas especies de aves protegidas allí presentes. El expediente sancionador a la titularidad, abierto por el ayuntamiento rondeño al ser competente en la materia al tratarse de suelos urbanizables, a tres años de la infracción se encontraba aún sin abonar por los transgresores.
Nos encontrábamos en pleno boom de la construcción, el litoral malagueño ya había sido constructivamente colmatado, y algunos promotores ambicionaban la penetración edificatoria en las zonas nobles del interior malagueño. Se trataba de construir en los ocho millones de m2 que en origen contenía un bosque mediterráneo-atlántico: 442 mansiones en parcelas de 4.500 a 20.000 m2, con una media de 7.000 m2., 341 viviendas unifamiliares que constituirían 4 pueblos serranos, tres hoteles de cinco estrellas, dos campos de golf de 18 hoyos, un club hípico, club de tenis, uno de padel y un gran centro comercial.
La aprobación de dicho complejo, encontró las alegaciones contrarias por parte de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, que por entonces presidí, ya que vulneraba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que fuera emitida al PGOU de Ronda por la anterior Agencia de Medio Ambiente de la Junta, referido a los máximos cifrados para la modificación del suelo en el citado espacio (transformaba el Proyecto el 69% de los terrenos en vez del límite impuesto por la DIA del 25%) y porque a su vez no contaba con la autorización por parte del Organismo de Cuenca de concesión alguna sobre losrecursos hídricos, por agotamiento, para atender la ingente demanda de agua que el macroproyecto necesitaba. En aquellas fechas del 2006, los municipios, también dependientes de los acuíferos de la finca “Merinos Norte”, estaban bajo decreto de sequía con enormes restricciones al consumo humano de agua y prohibida su utilización para los riegos agrícolas e incluso para mantener jardines y piscinas que no fueran con recursos hídricos reutilizados.
La empresa promotora de “Merinos Norte” había solicitado a la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía la concesión de 595.570 metros cúbicos de agua potable al año (520 litros por habitante y día) sólo para uso doméstico (el consumo medio anual en nuestro entorno urbano costasoleño no llegaba a los 350 litros por habitante y día y estaba, por motivos de sequía, bajo un límite que no podía pasar de 330).
El rechazo por el alcalde rondeño, en junio del 2006, a la alegaciones de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que se opuso a la aprobación del proyecto de urbanización “Merinos Norte”, que había sido aprobado por esa autoridad local en febrero de ese mismo año -gobernaba entonces el PA en coalición con el PP y el GIL-, encontraría, como respuesta del máximo órgano de la Comunidad Autónoma, la interposición judicial, en el mes de septiembre de ese mismo año, por parte de la Consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez del Castillo, de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Andalucía (TSJA) para anular la decisión municipal.
Ignorado ese recurso judicial por el alcalde rondeño, autorizó a la promotora el inicio de obras, obligando a la Junta a la interposición de otro recurso judicial, procedente también de la misma máxima autoridad urbanística en Andalucía, la referida Consejera, solicitando amparo judicial, asimismo ante el TSJA, para la paralización inmediata de esas actuaciones por considerarlas no ajustadas a la normativa urbanística y ambiental vigente y por estar ya originando cuantiosos daños ambientales.
La jueza, dictaminaría, cinco meses después, julio 2007, que no procedía la paralización cautelar de las obras, que aceleradamente se estaban llevando a cabo, porque se podrían producir enormes perjuicios económicos a la promotora privada del macroproyecto. Resolvía, que en el enfrentamiento de dos administraciones públicas, municipal y autonómica, proporcionando datos distintos sobre las reservas de agua existentes en dicha zona, siempre había que apostar por el informe más favorable a los intereses de terceros. Y en la misma línea, porque en el caso de que un día se llegara judicialmente al fondo del asunto y el proyecto fuera declarado ilegal, se obligaría a la promotora a levantar las infraestructuras realizadas y devuelto el terreno a su estado primitivo.
Esta Resolución judicial, desconocía que el único órgano administrativo con competencia para la concesión de recursos hídricos era la Agencia Andaluza del Agua de la Junta de Andalucía, que había denegado para dicho macroproyecto la autorización del agua por estar limitado su acuífero, mientras el ayuntamiento no tenía que dictaminar nada sobre esa materia porque le era ajena. Lo que se decía en el auto judicial era como ignorar que la Agencia Andaluza del Agua es la responsable también en el municipio de Ronda de los recursos hídricos allí existentes, así como el órgano que autoriza sus usos y aprovechamientos, por tanto afectando su competencia a: acuíferos, planificación hídrica, marco normativo, agua en alta, embalses, y autorización de los usos de las aguas residuales depuradas procedentes de las estaciones depuradoras; mientras las competencias del ayuntamiento de Ronda eran las del transporte urbano, servicios domiciliados a la ciudadanía y cobro a los usuarios por su consumo.
En el mismo sentido, la jueza también argumentaba en su negativa a la paralización cautelar, que había una pequeña diferencia discordante entre las administraciones enfrentadas en cuanto la superficie a transformarse. Creo que la jueza no repararía en el detalle, puesto que esa diferencia afectaba ni más ni menos que a 3.520.000 m2, entre lo que manifiesta la Junta y lo aprobado por el ayuntamiento de Ronda. Así, el alcalde Marín Lara, acordó con su firma una transformación de superficie en “Merinos Norte” de 5.520.000m2, cuando lo permitido en la Declaración de Impacto Ambiental de la Junta era un máximo de 2.000.000 m2.
En la misma línea, desconocía la jueza en su Resolución, que los daños ocasionados al medio ambiente por esas obras iban a ser de carácter irreversibles, con trasplantes masivos de ejemplares del encinar centenario que proseguían a fuerte ritmo y que hoy se puede apreciar que se secaron, es lo más parecido a un cementerio arbustivo, y de otras actuaciones como movimientos de tierras, desmontes, roturación de laderas… para construcciones de carreteras, calles, parcelaciones… que ocasionaban el cambio en la orografía del suelo a la vez que la eliminación de toda la cubierta vegetal noble que protegía esos terrenos ante los riesgos de las escorrentías de aguas pluviales o la erosión en épocas secas. ¿Cómo es que se solucionarían los daños ambientales levantando las infraestructuras creadas y devolviendo todo a su estado original? ¿También las encinas perdidas que contaban con más de 300 años?
Mientras tanto, la titularidad de esas obras fueron pasando, con sus respectivas plusvalías, de unas sociedades a otras. El enfrentamiento y fractura social de la ciudadanía rondeña fue a más, con manifestaciones a favor y en contra de ese macroproyecto que se extendía hasta el colindante municipio de Cuevas del Becerro, ante el temor de sus vecinos de quedarse sin agua. La financiación, por los promotores de “Merino Norte”, de iniciativas para su apoyo vecinal, con propaganda y asistencias a determinada prensa local y oficial para posicionar a la opinión pública rondeña a su favor, quedó abrumadoramente patente en aquellos días.
Pero el maná de riqueza que se prometía para los autóctonos no llegaba. A los trabajadores, para evitar la conflictividad en las obras y la confidencialidad de los daños ambientales que se estaban ejecutando, los contrataban y traían desde la provincia de Sevilla todas las mañanas en autobuses. Así fue sucediendo, hasta que, llegada de la crisis inmobiliaria y financiera, se produjo la paralización, eufemístcamente denominada relantización, de las actuaciones, mayo del 2008, hasta el día de hoy, en el que se puede apreciar el enorme daño ambiental producido. Además, de decir adiós a los 2.000 puestos de trabajo que se le habían prometidos a los rondeños que se crearían durante las obras, y a los otros 2.600 empleos inducidos que, según también dijeron, se generarían una vez acabada la macrourbanización.
En este periodo de tiempo, ya en el 2008, la turbulencia política se apoderó del ayuntamiento de Ronda. El andalucista alcalde, Antonio María Marín Lara, se despeñó, no por el Tajo sino en las elecciones autonómicas a la Junta de Andalucía de ese mes de marzo, al encabezar la lista de la provincia de Málaga por su partido, el PA. Basó su campaña en un ataque frontal al PSOE y a la Junta de Andalucía por intentar impedir, según manifestaba, el progreso de Ronda; tachando a los socialistas de corruptos, que incluía hasta al presidente de la Junta, por entonces, Manuel Chaves.
“Nunca mais el PSOE como el chapapote. Nada de pactar con ellos. Nos dieron el abrazo del oso, se portaron mal y pese a ser los andalucistas unos buenos gestores del turismo y el deporte, quedamos en el ostracismo. No al PSOE” (Marín Lara, diario SUR, febrero de 2008)
Paradójicamente, dos meses después de aquella agria campaña, Marín Lara, “el Toti”, encontraría, como aliado político natural de alianzas en el ayuntamiento rondeño, al grupo municipal de concejales socialistas de la localidad, con el plácet de la dirección provincial del PSOE de Málaga que encabezaba Marisa Bustinduy. Así, en mayo del 2008, Marín Lara firmaba un pacto local con el PSOE, al que había echado a la oposición, con alcaldía incluida, casi cuatro años antes, a pesar de que gobernaban conjuntamente.
Fue en septiembre del 2004 cuando “Toti” le arrebató la alcaldía a los socialistas con los que regía, mediante una moción de censura que presentó junto al PP y al Grupo GIL del difunto Jesús Gil y Gil.
En cambio, en mayo del 2008, al que echaba Marín Lara del gobierno municipal era al PP, con el que había pactado hacía menos de un año para gobernar de forma coaligada la legislatura municipal, 2007/2011. Era lo que siempre ha valido la palabra y el compromiso escrito del primer edil rondeño, Antonio María Marín Lara, “el Toti”; o sea: nada.
Un año después, junio del 2009, este mismo alcalde, Marín Lara, encabezando al grupo de concejales del PA, nueve en total, se pasó a las filas de la militancia en el PSOE que contaba con siete ediles. Como consecuencia, ocho meses después, febrero del 2010, Antonio María Marín Lara junto a los otros concejales ya ex-andalucistas fueron declarados tránsfugas con la firma de Manuel Chaves, ministro de Administración Territorial y Presidente de la Comisión Nacional contra el Transfuguismo.
A pesar de ello, un mes después, marzo del 2010, Marín Lara, con esa indigna marca, asistiría como delegado del PSOE por Málaga al Congreso extraordinario de los socialistas andaluces, celebrado en el Palacio de Ferias de Sevilla, para elegir a José Antonio Griñán como nuevo secretario general del PSOE-A, y al que le fue traspasado los poderes orgánicos por Manuel Chaves, teniendo como testigo a semejante tránsfuga.
Un año y un trimestre después, 22 de mayo de este 2011, el electorado rondeño le ha proporcionado a Antonio María Marín Lara, “Toti”, que encabezaba la lista municipal del PSOE local, lo que se merecía. Ronda no paga a tránsfugas. Ha pasado de 16 a 7 concejales y ha perdido, por tanto, la alcaldía que tenía en su poder por mayoría más que absoluta, una vez que los tránsfugas del PA se pasaron al PSOE. Ha conseguido, ganado a pulso, su pase a la oposición. La respuesta de Marín Lara no ha podido ser democráticamente más cicatera: ha declarado que hay que esperar un tiempo porque él es especialista en retomar la alcaldía. No dijo el procedimiento, pero se puede fácilmente sobre entender.
SOBRE LO PUBLICADO RECIENTEMENTE EN EL DIARIO MÁLAGA HOY (02.09.2011)
Resultó que en febrero del 2007, “Izquierda Unida” de Ronda –después de aprobar el alcalde Marín Lara el macroproyecto de Los Merinos Norte” y el inicio de las obras, a sabiendas que lo hacía como primer regidor en contra de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Junta de Andalucía, y tras no atender la orden de su paralización requerida hasta judicialmente por la Consejería de Obras Públicas- le interpuso a Marín Lara, “Toti”, una denuncia ante la fiscalía de medio ambiente que dio traslado al juzgado de lo penal de la citada localidad rondeña por un presunto delito medioambiental, contra la ordenación del territorio y prevaricación. Inicialmente fue aceptada a trámite judicial.
En octubre del 2009, el alcalde de Ronda fue citado a declarar judicialmente en estas diligencias previas, descargando toda responsabilidad por el caso “Merinos Norte” en dos técnicos del Ayuntamiento que, según el primer edil, le hicieron los informes sobre el controvertido macroproyecto urbanístico. Él bien poco sabía de la cuestión, y menos sobre irregularidades, según manifestó ante la jueza.
Ello motivó una respuesta escrita de mi parte y divulgada por los medios de comunicación, copia de la misma le fue enviada por la acusación al citado juzgado, donde manifesté que Marín Lara estaba al corriente de todo lo relacionado con ese expediente urbanístico, de sus irregularidades y de sus ilegalidades, y además había sido apercibido oralmente por mi persona en sendas reuniones que tuvieron lugar en mi despacho de la Junta y donde fueron testigos varios funcionarios autonómicos.
En esas diligencias previas abiertas contra Marín Lara, la jueza de Ronda requirió, en cuatro ocasiones, a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, un informe sobre la tramitación e irregularidades del expediente urbanístico “Merinos Norte”. La respuesta de la citada Consejería se produjo, al fin, en junio del 2010. Yo ya había sido cesado en septiembre del 2008.
En noviembre de ese mismo año 2010, cayó en mis manos el contenido de la contestación de la Consejería de Obras Públicas al juzgado. Mi irritación con lo que en él se expresaba, como buen conocedor del expediente “Merinos Norte” y del procedimiento administrativo seguido, no podía ser para menos. El informe de los inspectores urbanísticos de la Junta de Andalucía achacaba a Medio Ambiente y a la Agencia Andaluza del Agua, ambos organismos pertenecientes a la misma Junta de Andalucía que la citada Consejería, la no contestación a sus peticiones de informes y por tanto no podía tener un pronunciamiento definitivo sobre lo requerido por la jueza.
Pareciera como que ignorara ese informe de los inspectores, remitido desde la Dirección General de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas directamente a la jueza, que el órgano sustantivo de “Merinos Norte” era esta misma Consejería, y por tanto tenían que obrar en su poder los informes de Medio Ambiente y de la Agencia Andaluza del Agua; informes por lo demás contundentemente denegatorios de ese macroproyecto de urbanización. Aún más, al ser la Consejería de Obras Públicas el órgano sustantivo de ese expediente, ya los contenidos medioambientales o sobre el agua, no les correspondían a los órganos sectoriales mencionados abordarlos de nuevo o volverlos a informar, porque acabaron su tarea. Tenía que ser la propia Consejería de Obras Públicas la responsable de la aplicación de sus contenidos, control y vigilancia para que fueran de ejecución sus contenidos hasta tanto no tuviera lugar la finalización de ese macroproyecto.
Del mismo modo, se omitía en dicho informe, que había sido la propia Consejera de Obras Públicas la que había interpuesto un recurso ante el TSJA con 43 razones para que se anulara la aprobación del macroproyecto urbanístico por el alcalde de Ronda. En la misma línea, también silenciaba el referido informe que esa idéntica autoridad urbanística de Andalucía se había visto obligado a interponer otro nuevo recurso, cinco meses después, ante el TSJA para que las obras iniciadas en “Merinos Norte” con la autorización del alcalde fueran, ante la desobediencia a la orden de paralización de la Junta de Andalucía, cautelarmente interrumpidas por exigencia judicial.
A su vez, ese informe de los inspectores carecía de contundencia alguna sobre la imposibilidad de que ese macroproyecto fuera hídricamente viable y por tanto llegara a su terminación, puesto que carecía de autorización para la obtención de la concesión de los recursos hídricos necesarios de cara a su uso y habitabilidad por los propietarios y usuarios de los futuros inmuebles, hoteles, campos de golf… a los que se situaba además en el riesgo de ser víctimas de un auténtico fraude, tal y como ya avisó la Consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, en julio del 2007, cuando en visita al municipio de Marbella, alertó, hecho que salió publicado en la prensa, a futuros compradores de que esa macrourbanización no contaba con garantía alguna de que pudiera obtener los caudales de agua solicitados; declaración pública que efectuó la Consejera Coves inmediatamente que tuvo conocimiento de la resolución de la jueza del TSJA, ya citada, denegando la petición de la Junta de Andalucía para que se produjera la paralización cautelar de las obras y de las actuaciones que se estaban realizando en la finca “Merinos Norte”.
Lo anterior hizo que, inmediatamente que tuve conocimiento de esas flagrantes omisiones contenidos en el informe de los inspectores de la Consejería de Obras Públicas, inicios de diciembre 2010, le escribiera a su titular, Josefina de la Cruz -estaba prácticamente recién nombrada, la anterior en el ramo había sido Rosa Aguilar que cesó para pasar a ser ministra en el Gobierno de España- exponiéndole esos silencios que había detectado en el informe de los inspectores. Esperé un tiempo prudencial, pero como no me llegaba ninguna contestación sobre su recepción, entonces, a primero de febrero 2011, le volví a enviar a la Consejera el escrito referido, pero ya introducido por el registro de entrada de la Junta de Andalucía.
Coincidente en fecha con esa segunda remisión, el caso de la denuncia interpuesta contra el alcalde, Antonio María Marín Lara, “Toti”, por “Izquierda Unida”, por un delito a la ordenación del territorio, al medio ambiente y de prevaricación, tanto por parte de la fiscalía de medio ambiente como por la jueza de lo penal de Ronda, fue judicialmente archivada. Me imagino sería determinante el informe emitido por los inspectores de la Consejería de Obras Públicas, a pesar de observarse, creo entender se decía en el informe de la fiscalía, algunas irregularidades pero no ilegalidades.
Igualmente, por ese tiempo, el IAIC (Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología) de la Universidad de Málaga, coordinado por el catedrático de Derecho Penal, D. José Luís Díez Ripollés sacó a la luz una publicación sobre la triste realidad urbanística, económica, política y penal de “Merinos Norte”, donde se criticaba frontalmente las interioridades y el procedimiento que había acompañado a esa más que polémica macrourbanización.
Tanto antes como después de ese archivo que se efectuó, me ofrecí tanto a la jueza como a la fiscalía para que me llamaran judicialmente de cara a testificar sobre el caso “Merinos Norte”, hecho que igualmente fue solicitada por la parte acusatoria, según se me comunicó, sin obtener respuesta judicial alguna. Así, hasta que este pasado mes de julio se me ha comunicado por parte de la Dirección General de Inspección de la citada Consejería de Obras Públicas, que mi carta enviada a la Consejera de Obras Públicas ha motivado la evacuación de un informe interno que obra personalmente en manos de esa titular, pero la contestación no viene acompañada de su contenido ni se me indica nada al respecto. Ante ello, he remitido un nuevo escrito a la citada Consejería de la Junta, en la que explicito ser parte interesada en el
expediente y por tanto ruego se me haga llegar una copia del informe que ha provocado mi carta y que se me indica que obra en poder de la Consejera.
Hasta aquí, adonde llega en fecha la turbulencia que ha significado para Ronda el affaire de la macrourbanización “Merinos Norte”, esperando de la Consejería de Obras Públicas la respuesta a mi último escrito.
Fuente: /ignaciotrillo.wordpress.com/Maquet:Erdesvan.com/Jenu
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Publicado en 3 octubre 2011