La juez que investiga los ERE imputa al actual director general de Trabajo de la Junta

Posted on 28 enero 2012


TRAMA DE LOS ERE | Investigación del ‘fondo de reptiles’

  • La investigación alcanza tras este auto a la gestión del actual consejero
  • Guerrero, citado a declarar ante la juez el 23 de febrero próximo
  • En total son cinco los altos cargos de la Junta imputados por el fraude
  • Entre los nuevos imputados hay abogados, sindicalistas y empresarios

Antonio Salvador | Sebastián Torres | Sevilla

 viernes 27/01/2012 17:03 horas

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un nuevo auto en el que imputa en la causa, entre otros, al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, que sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero.

El caso cobra así una nueva dimensión, toda vez que salpica a la gestión del actual consejero de Empleo, Manuel Recio. Fue éste el que lo postuló para ocupar la dirección general de Trabajo en sustitución del onubense Juan Márquez, otro de los nuevos imputados.

La juez solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de “ayudas de Estado” concedidas a empresas por las diferentes consejerías

Tras el auto de ayer, son ya cinco altos cargos de la Junta -sólo uno de ellos sigue en el puesto- los imputados por el fraude de los ERE. A los ex directores generales Márquez y Guerrero se suma ahora Rivera. La lista la completan el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el antiguo delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Según ha podido conocer ELMUNDO.es en fuentes del caso, Alaya imputa a Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera por ordenar pagos a favor de los prejubilados del laboratorio fotográfico Surcolor, póliza donde se han detectado intrusos. La instructora no le imputa delitos concretos sino hechos.

Abogados y sindicalistas imputados

También está imputado el que fuera delegado provincial en Sevilla de la Consejería de Trabajo y asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés, en este caso como beneficiario de una póliza de prejubilación en un ERE de la empresa Calderinox, en la que nunca trabajó.

Además de éstos, también han sido imputados por la juez Alaya el responsable de la intermediaria Uniter y abogados de los despachos Garrigues y Estudio Jurídico Villasís. Y también sindicalistas como el responsable de acción sindical de CCOO en Andalucía, Enrique Manuel Jiménez García, y Juan Antonio Caravaca, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, y empresarios, como Jorge Andrés Morell, propietario de la empresa Aglomerados Morell, o la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto.

Por otro lado, el auto cita a Francisco Javier Guerrero, que este jueves prestó declaración ante la Guardia Civil durante seis horas en el acuartelamiento de Eritaña en Sevilla, para prestar declaración judicial el próximo 23 de febrero. Será la primera vez que preste declaración en sede judicial desde que fuera imputado por la juez Alaya.

La juez pide las ayudas a cinco consejerías

La titular del Juzgado de Instrucción número 6, además, ha solicitado a la Junta que remita “un cuadro resumen” de las ayudas abonadas desde 2001 hasta 2011 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante transferencias de financiación a las consejerías de Gobernación y Justicia, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente.

En el auto de 42 páginas dictado este mismo viernes, consultado por Europa Press, la juez Alaya exige asimismo a la Junta de Andalucía que aporte las comunicaciones a la Comisión Europea y, a su vez, las autorizaciones de dicha comisión relativas a las “ayudas de Estado” concedidas a empresas por las “diferentes” consejerías y superiores a 200.000 euros en tres ejercicios fiscales, o de 100.000 euros en el caso de empresas dedicadas al transporte por carretera, también en este caso desde 2001 hasta 2011.

En el mismo sentido, solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de “ayudas de Estado” concedidas a empresas por las diferentes consejerías, en las mismas condiciones económicas descritas anteriormente, “que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea, a través de la representación permanente española en la UE”, desde 2001 hasta la actualidad.

 

Fuentes:ElMundo.es/Maquet:ErDesvan.com/Fotomontaje:Jenu
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Posted in: Andalucía, ERE