Lo último en picaresca: utilizar las ayudas de 400 euros para vivir en la India

Posted on 13 marzo 2012


SERVICIOS SOCIALES| Plan contra el fraude

  • Un palmesano ha estado años viviendo a cuerpo de rey en Asia con la paga
  • El Consell endurece el control en la concesión de estas rentas

Miquel A. Font | Palma

El Instituto de Asuntos Sociales del Consell de Mallorca (IMAS) ha puesto en marcha un plan para fiscalizar la concesión de ayudas a las personas necesitadas después de haber detectado numerosos casos de picaresca y entre ellos, el de un palmesano joven en perfectas condiciones físicas que lleva años viviendo holgadamente en la India gracias a la Renta Mínima de Inserción (RMI) de 400 euros al mes. Es sólo uno de los casos de fraude detectados por el nuevo equipo de Gobierno del Consell que preside Maria Salom y que tiene a Catalina Cirer como responsable del Institut.

La Renta Mínima de Inserción Social es un programa del Consell que tiene la finalidad de evitar que caigan en la marginación aquellas personas que en un momento dado atraviesan una situación de precariedad económica. Mediante este programa las personas en situación de riesgo reciben una ayuda mensual económica que puede oscilar entre los 300 y 500 euros. Al mismo tiempo, los servicios sociales ofrecen formación y orientación al usuario para facilitarle su reinserción social.

Octavio Cortés es el coordinador del área de Inserción Social del Institut. Explica que en los últimos años la demanda de prestaciones de supervivencia se ha multiplicado lo que ha obligado al Consell a ser muy riguroso con las ayudas que concede. «Queremos que el dinero llegue a las familias que verdaderamente lo necesitan. Tenemos unos recursos muy limitados y no podemos aceptar los abusos ni los casos de picaresca».

Una de las malas prácticas que comenta Cortés se refiere a la existencia de personas jóvenes y sin problemas físicos o psíquicos que se acomodan a vivir de la renta social, que van prorrogando las peticiones de subsidio y que no hacen nada para esquivar el límite de la exclusión.

La renta de inserción se concede habitualmente por un plazo de un año y luego se va prorrogando cada seis meses casi de forma automática si el usuario sigue, supuestamente, en riesgo de marginación. Las peticiones de ayuda las gestionan los servicios sociales de los ayuntamientos pero el dinero lo pone el Consell. A partir de ahora las cosas van a cambiar. Las nuevas solicitudes ya no se conceden de forma inmediata sino que están todas bloqueadas mientras se estudian de forma pormenorizada todos los casos. Con ello no se incumple la normativa puesto que el Consell tiene un plazo de 6 meses para responder cada petición. La segunda medida es que las prórrogas ya no se darán de forma automática. Una vez agotado el plazo de un año, el beneficiario deberá empezar de cero. Su situación será analizada nuevamente y se estudiará si merece seguir con el subsidio o si por el contrario hay personas más necesitadas.

Comenta Octavio Cortés que hay casos de personas que fueron valorados en 2005 y que hoy en día siguen cobrando el subsidio. Son generalmente personas que se han acomodado a vivir de las prestaciones y que no hacen nada para salir por sus propios medios de la situación de riesgo de exclusión social. De todos modos Cortés matiza que nadie va a quedar desamparado si verdaderamente necesita auxilio pero insiste en que no es lo mismo ayudar a una madre sin trabajo y con varios hijos pequeños que a un joven de 30 años que está en plenas facultades.

Otra de las medidas que ha planteado el Consell es que los beneficiarios de la renta mínima de inserción realicen trabajos para la comunidad. El usuario de la ayuda debe firmar una serie de compromisos con el Consell, es lo que se denomina un contrato terapéutico. Este contrato obliga al usuario a seguir las instrucciones que le imparte el asistente social sobre formación, adquisición de habilidades laborales, hábitos de vida y comportamiento, asistencia a cursos, etcétera. Ahora se añadirá el desarrollo de trabajos para la comunidad. Con ello se pretende que el usuario ponga algo de su parte y no se limite a cobrar. Afirma Cortés: «Queremos dignificar a los usuarios de la renta mínima y convencerles de que deben hacer lo posible para salir de esta situación de riesgo de exclusión social. Hemos implantado medidas para conseguir mayor eficiencia». Cortés señala también que la oferta de servicios sociales crea la demanda y que si hubiera créditos ilimitados también habría una lista ilimitada de peticiones y se frustraría el objetivo de prevenir la exclusión social.

Fuente:ElMundo.es/Maquet:ErDesvan.com
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