El ex chófer ‘de la coca’ pide la libertad porque los delitos imputados han prescrito

Posted on 2 abril 2012


LA TRAMA DE LOS ERE| También alega que no hay riesgo de fuga

Juan Francisco Trujillo, el ex chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.Foto ElMundo.es

Juan Francisco Trujillo, el ex chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.Foto ElMundo.es

  • Su abogado dice que carece de ingresos, por lo que no puede huir
  • Asegura que el auto de prisión se tiene una base jurídica ‘grosera’

Europa Press | Sevilla

Juan Francisco Trujillo, el ex chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que se encuentra en prisión imputado por 22 delitos dentro de la investigación por las irregularidades en numerosos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por la Junta, ha solicitado su puesta en libertad al entender que no existe riesgo de fuga y que los delitos que se le imputan han prescrito.

El abogado del antiguo empleado de Guerrero, Antonio Aguilar, elevó a finales de esta semana un recurso de apelación ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en el que recurre el auto de prisión dictado el día 21 de marzo supone “un grave perjuicio” para el encartado y es “contrario a Derecho”, añadiendo que la juez le ha imputado una serie de delitos, hasta un total de 22, “en base a una calificación jurídica grosera”.

En el recurso de apelación, el letrado de Juan Francisco Trujillo, que admitió que gastaba 25.000 euros al mes de dinero público en cocaína para él y su jefe, dice que la justificación de riesgo de fuga “queda vacía de contenido”, ya que carece de ingresos económicos, “lo que impide que pueda lograrse la supuesta huida”.

Además, alega que tiene arraigo social, ya que su mujer trabaja en el Ayuntamiento de Andújar (Jaén) y es él quien se ocupa de cuidar a sus dos hijos menores mientras su pareja desarrolla su jornada laboral, y “ha mantenido una colaboración activa con la Justicia”.

Igualmente, apunta que “no puede ignorarse la prescripción de la mayoría” de los delitos imputados, “si no todos”, punto en el que alude además a que la pena que podría corresponderle a su patrocinado por alguno de estos delitos, como el cohecho, el tráfico de influencias o la prevaricación, “no excede de dos años”.

Al hilo de ello, precisa que el delito de obtención de subvenciones “falseando las condiciones requeridas para ello” que le imputa la juez Mercedes Alaya “notoriamente ha prescrito”, mientras que su cliente, en su declaración judicial, “contestó todo lo que se le preguntó, a excepción de las acusaciones particulares, que solo pretendían un proceso eminentemente político, y cuándo se le preguntó”, señala el recurso.

Además, señala que la resolución impugnada “afirma que, desde la declaración prestada y conforme la misma se iba desarrollando”, Trujillo “ha podido contemplar la magnitud de la presunta actividad delictiva por él desarrollada y que fundamenta el riesgo de fuga”, todo ello “a pesar de reconocerse su arraigo familiar y el haber comparecido en ocasiones anteriores de forma voluntaria y sin solicitar asistencia letrada”.

El abogado también niega que el ex chófer de Guerrero pueda influir en la destrucción de facturas supuestamente falsas “a fin de ocultar nuevas pruebas que incrementen su larga actividad delictiva”, señalando que su cliente “ha dado respuesta sobre la elaboración” de las mismas “y ha expresado de forma concisa quien las ha emitido y quien las ha abonado”.

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