Amenazan a un matrimonio con retirarle a su hijo tras haber denunciado al SAS

Posted on 12 abril 2012


CÁDIZ| Denunciaron ‘mala praxis’ en la atención del parto

Los padres muestran la sentencia que condena al SAS por mala praxis en el parto. | Cata ZambranoLos padres muestran la sentencia que condena al SAS por mala praxis en el parto. | Cata Zambrano

  • Una asistenta social confesó a la madre que recibió presiones del hospital
  • El bebé sufrió lesiones graves en el parto que lo tuvieron en la UCI un año
  • Indemnización judicial de 148.161 euros por sufimiento al bebé y sus padres

Ana M. Fopiani | Cádiz

396 días con sus correspondientes noches fue el tiempo que pasó en una UCI pediátrica el bebé de Ana y Nicolás. El pequeño no sobrevivió a las graves lesiones causadas durante el parto y por las que un tribunal condena ahora al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Antes, “amenazaron” a los padres con retirarles la tutela del recién nacido por considerar que la madre, que sufre epilepsia, “no era apta para cuidar al niño enfermo”.

Un cúmulo de despropósitos que ha terminado en sentencia judicial por parte del juzgado número 8 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, que considera probado que “existió mala praxis” en la atención al parto de la madre, lo que provocó el sufrimiento fetal del bebé y las consecuentes lesiones que le llevaron a la muerte más de un año después.

La sentencia se traduce en una indemnización por los daños causados de 148.161 euros, que abonará un seguro, pero Ana y Nicolás van más allá, ya que nada puede “compensar el sufrimiento” y el tiempo que su bebé “malvivió”. Ana se puso de parto de su segundo hijo el 2 de julio de 2007 en el Clínico de Puerto Real del SAS tras 41,2 semanas de gestación, de lo que ha calificado como un “embarazo normal, en el que en todo el momento el bebé estaba sano”.

Ana, que sufre de epilepsia, se puso de parto de forma natural, pero una hora antes del alumbramiento, el personal médico que la atendía optó por dejar de verificar el control del estado del feto. En la última comprobación, la monitorización reflejaba “picos de sufrimiento del feto”, según José Luis Ortiz, de los servicios jurídicos del Defensor del Paciente.

50 minutos sin control

Un sufrimiento que se agravó durante los más de 50 minutos que el feto no fue controlado hasta que se produce el alumbramiento del neonato, “con claros síntomas de asfixia, con la piel azulada y prácticamente muerto”. Ortiz va más allá y habla de “mala fe” por parte de los responsables de la monitorización cuyas “tiras fueron arrancadas y ahora no hay forma humana de saber qué pasó en el momento crítico del alumbramiento”. Asegura que “se destruyeron pruebas”.

La sentencia da por buenos los motivos expuestos por los padres y recoge que “la mala praxis” privó a los facultativos de una información “esencial para la toma de decisiones como puede ser la de abandonar el parto natural y optar por la cesárea de urgencia”.

Además, las pruebas presentadas por la defensa recogen que el pediatra que debía de haber atendido al bebé en el momento del nacimiento “acudió tarde”, pese a tratarse de un parto “de alto riesgo por la enfermedad de la madre”.

A consecuencia de ello “no se le realizó al bebé reanimación respiratoria”. Pese a ello y a las graves lesiones, el hijo de Ana y Nicolás sobrevivió más de un año en la UCI del hospital puertorrealeño, al que sus padres se trasladaban a diario.

Retirada de la custodia

Antes, el matrimonio pudo tener a su hijo durante un mes en casa, ya que “le dieron el alta”, pero los males de la pareja se agravaron tras recibir la visita de una asistente social de la Junta de Andalucía, que le aseguró que tenía una denuncia contra la madre por “no ser apta para cuidar al niño”. La propia Ana relata que “me denunciaron por problemas psicológicos, debido a la epilepsia, y no poder atender a mi hijo”.

Sin embargo, fue la propia asistenta la que, tras amenazar a la madre con la retirada de la tutela del bebé, “recapacitó” y terminó confesando a la propia afectada que “estaba recibiendo presiones por parte del hospital para encontrar pruebas falsas con las que asustarme y retirar la demanda”. Ana asegura que no denunció los hechos “porque la propia asistente me pidió perdón, las amenazas quedaron en nada y nos centramos en cuidar a nuestro hijo”.

Ahora, el matrimonio que ha recibido el respaldo judicial a su denuncia, podría plantearse acudir a la vía penal, ya que, como su propio abogado indica, “la destrucción de pruebas es constitutivo de delito”.

Fuente:ElMundo.es/Maquet:ErDesvan.com
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