La UE le retira a la Junta 2,6 millones de ayudas por contratos irregulares del SAS.

Posted on 16 enero 2013



ErDesvan.com/SUBVENCIONES | Fondos Feder 2000-2006.

  • Se concedieron 6,4 millones y finalmente la ayuda se quedó en 3,8 millones
  • La UE detectó que el dinero se adjudicó con contratos sin publicidad
  • Los contratos irregulares son los de la tarjeta sanitaria del SAS
  • El Tribunal General de la UE ratifica ahora un acuerdo de la Comisión de 2010

Efe | Bruselas

El Tribunal General de la Unión Europea (UE) ha confirmado este martes la reducción de los fondos regionales europeos concedidos a Andalucía entre 2000 y 2006 para el desarrollo de una tarjeta sanitaria electrónica, con motivo de las irregularidades detectadas en la asignación de los contratos para dicho proyecto.

En una sentencia publicada este martes, el Tribunal ha desestimado el recurso contra esta sanción presentado por el Ejecutivo español, que solicitaba la devolución de las ayudas inicialmente concedidas a la Comunidad Autónoma.

El caso se remonta al año 2000, cuando la CE aprobó el Programa Operativo Integrado Objetivo 1 de Andalucía para el período 2000-2006, y fijó la contribución máxima para el mismo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 6,1 millones de euros, cantidad que fue modificada posteriormente y establecida en 6,4 millones.

Uno de los proyectos incluidos en dicha ayuda consistía en la elaboración de una tarjeta sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, cuya finalidad era el desarrollo de una historia clínica electrónica única para cada ciudadano andaluz, a la que pudieran acceder los profesionales de la sanidad pública de esa Comunidad.

En noviembre de 2010, la Comisión decidió reducir el importe de las ayudas concedidas al programa hasta los 3,8 millones de euros, al considerar que hubo irregularidades a la hora de asignar los contratos para el citado proyecto sanitario, según recuerda el Tribunal en su sentencia.

La CE mantiene que los contratos sujetos a cofinanciación fueron adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación, lo que suponía una violación Derecho de la Unión en materia de contratación pública.

España solicitó a la Corte de Luxemburgo la anulación de esta decisión, lo que supondría la devolución del total de las ayudas inicialmente previstas.

En su sentencia, el Tribunal ha desestimado las alegaciones presentadas por España, al considerar que este país no ha podido demostrar que los contratos controvertidos podían ser objeto de un procedimiento negociado sin publicación de un anuncio de licitación.

España también argumentó que la empresa adjudicataria del proyecto era la única capaz de llevar a cabo el proyecto, algo que a juicio del Tribunal tampoco ha quedado demostrado.

Por estos motivos, la Corte de Luxemburgo ha desestimado el recurso y ha condenado a España a pagar las costas del juicio.

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