La Cámara de Cuentas cuestiona el reparto de ayudas al empleo del SAE

Posted on 20 febrero 2013


ErDesvan.com/ADMINISTRACIÓN | 45 millones de euros destinados a formación

  • Un informe pone de manifiesto que las ayudas se concedían sin justificar
  • En muchos casos no se realizaba ninguna valoración de los proyectos
  • Tampoco se hacía seguimiento alguno de inserción laboral de los alumnos

Efe | Sevilla

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha constatado en un informe de fiscalización una inadecuada gestión por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de las subvenciones concedidas a los consorcios escuela de formación para el empleo de la Junta de Andalucía en el período 2008-2009.

La red de consorcios, integrado por catorce centros formativos que desarrollan formación para capacitar profesionalmente al alumnado y alcanzar un elevado nivel de inserción laboral de las ramas tradicionales, industriales y turísticas, recibieron en subvenciones en 2008 y 2009 unos 45 millones, de los que aproximadamente el 40% proceden de fondos europeos.

El informe de la Cámara cuestiona la gestión que hace el SAE de dichas ayudas, reguladas en la Orden de 16 de mayo de 2008, ya que no consta la existencia de informes que respalden “suficiente y adecuadamente” las decisiones adoptadas por el Servicio de Empleo y tampoco hay controles de supervisión.

En este sentido, se certifica un exceso en los importes concedidos sobre los justificados sin que conste que el SAE haya solicitado ni la justificación de las diferencias y ni el reintegro.

Facturas y gastos sin justificar

Además, se han imputado gastos por 481.000 euros sin coherencia con los gastos justificados y la naturaleza de las actividades subvencionables, y hay facturas por importe de 146.080 euros que no están debidamente justificadas, así como documentos que alcanzan 734.713 euros fechados fuera del período analizado.

El informe también pone de manifiesto la ausencia de actas de revisión que evidencien que se ha comprobado que las solicitudes y la documentación complementaria aportada cumplen los requisitos exigidos.

Tampoco hay constancia de una valoración técnica de las solicitudes y proyectos presentados, ni el SAE tiene en cuenta el cálculo del coste de los proyectos solicitados ni el número de proyectos a financiar.

Asimismo, el informe de fiscalización pone en entredicho el grado de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y en la asignación de recursos, ya que no se hace una medición periódica de los objetivos conseguidos respecto a los previstos, ni se mide el nivel de inserción laboral alcanzado por los alumnos.

Dudosas cualificaciones profesionales

Además, el SAE no ha realizado los trámites para conseguir los certificados de profesionalidad que acrediten las cualificaciones profesionales obtenidas, y a la hora de asignar los recursos no tiene en cuenta si los consorcios gestionan de forma eficiente o no.

Los consorcios también adolecen de una liquidación de las horas de formación realizadas y del número de alumnos, y, salvo en tres, ninguno aplica criterios para dar de baja al alumnado matriculado para darlo como finalizado.

La Cámara de Cuentas también llama la atención sobre la falta de regulación homogénea de las condiciones salariales y de trabajo del personal de los consorcios, sino que se regulan en los convenios colectivos particulares de cada centro.

Esto se repite para los salarios de los directores-gerente, lo que ha ocasionado que haya numerosas diferencias retribuciones básicas salariales, según el informe fiscalizador.

 

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